Fuentes próximas al gobierno regional cántabro
nos informan de que se ha producido un acuerdo entre los sindicatos
mayoritarios y la patronal cementera, que extiende al ámbito
nacional el firmado en el año 2002, entonces sólo para Andalucía (ver
acuerdo mesa sectorial 2002). Este acuerdo, al que se ha llegado
en el mes de julio y que tiene prevista su firma formal en breves
fechas, consiste en la aceptación por la mesa sindical del proyecto
patronal para ampliar la actividad de las plantas cementeras de toda
España a la incineración de residuos.
Organizados por ramas sectoriales, MCA por UGT
(Metal, Construcción y Afines) y FECOMA por CCOO (Federación de la
Construcción y la Madera) asumen el compromiso con la patronal de
promover la incineración de residuos en la industria cementera,
mientras en otros sectores de ambos sindicatos ha sentado muy mal
esta decisión pues consideran que no supone ningún avance o mejora
sindical y en cambio significa una losa social y sindicalmente.
Entra, además, en grave contradicción con las propias líneas de
acción sindical asumidas por unanimidad (CCOO) por el sector en el año
2001 (ver
la 'guía sindical' sobre el tema publicada en diciembre de 2001).
Este acuerdo, que aún no se ha hecho público, se
ampara en la Directiva 2000/76/CE, que regula la incineración de
residuos, estableciendo las medidas de control y límites de las
emisiones, así como los productos no admisibles, sistemas de
protección y participación de los trabajadores, etc. Se crea también
la figura del Delegado de Medio Ambiente, con una serie de ventajas
en los puestos de trabajo añadidas a las del representante sindical,
al mismo tiempo que se le exige 'sigilo' respecto a las informaciones
a que tuvieran acceso en los centros de trabajo, convirtiendo así en
reservada una información que debía ser pública por su impacto
ambiental en el entorno de la cementera al que afectan sus emisiones,
que puede ser de 30 Km o más en función de los vientos dominantes.
Por último, los acuerdos contemplan la creación
de una Fundación, generosamente financiada por la patronal y
gestionada de forma paritaria con las organizaciones sindicales
firmantes, cuyo fin principal es concienciar y crear una cultura en
la sociedad que acepte la valorización de residuos en la industria
cementera, dando a conocer a la sociedad las 'ventajas' de esta
valorización 'de forma segura para la salud y para el medio
ambiente'.
Muy a pesar de Cementos Alfa, la firma de este
acuerdo no legitima en modo alguno el proyecto que quiere imponer en
Mataporquera, el cual adolece de carencias lo suficientemente graves
como para que sea imposible su autorización por el gobierno cántabro.
sin embargo sí intentará ser utilizado por la patronal cementera
como aval para la transformación de sus instalaciones en gestores de
residuos tóxicos, un lucrativo negocio hacia el que esta industria
se dirige en los últimos años, ofreciendo a la administración la
panacea de la eliminación de los molestos residuos mientras se hacen
oídos sordos a las indignadas protestas de las poblaciones vecinas
destinatarias de una contaminación que científicamente se revela
cada vez como más peligrosa.
Aunque algunos sectores sindicales hagan tratos
con la avariciosa patronal del ramo, ayudados por Fundaciones, CLIS y
otros medios de propaganda, la creciente oposición hacia este tipo
de prácticas que existe detro de los propios sindicatos y en la
sociedad en general, supone un gran frente de oposición al que
administración difícilmente puede sustraerse: el proyecto de
incineración en Cementos Alfa ha recibido seis mil alegaciones de
particulares y cuenta con el rechazo, cargado de razón, de
colectivos de todo tipo y de numerosas empresas de la comarca que ven
lesionados sus intereses. Si el gobierno cántabro otorga los
permisos a Alfa a pesar de sus carencias y en contra de la sociedad
de la comarca, estará cometiendo un grave error.