El objetivo es lograr un desarrollo sostenible, impulsar la
competitividad de las empresas y reducir tres de las 30 toneladas de
CO2 que genera el sector al año
PABLO ALLENDESALAZAR/MADRID. 14-11-2004
La Agrupación de Fabricantes de Cemento (Oficemen)
y las federaciones de construcción de CC OO y UGT acaban de firmar
un acuerdo para garantizar el desarrollo sostenible del sector,
dentro de una política que impulse la competitividad y baje al mismo
tiempo sus niveles de contaminación. El objetivo es que 37 fábricas
ubicadas en diez comunidades autónomas -Cataluña, Cantabria,
Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, País
Vasco, Navarra y Andalucía- reduzcan el uso de combustibles fósiles
en al menos un 10%, lo que supondría recortar en tres toneladas ????
anuales las emisiones de CO2 (el sector produce casi 30 toneladas al
año ?????). (
Por favorrr... ya sabemos que somos de letras, pero qué mal se nos
dan los números)
Para ello, las plantas incineradotas, que dan
empleo a 8.500 trabajadores, se han comprometido a mejorar su
eficiencia energética y a usar los residuos procedentes de otros
sectores como combustible para sus hornos. Según el presidente de la
patronal, Manuel Melgar, esta medida evitará el vertido de los
materiales contaminantes de las demás industrias, al tiempo que
permitirá reducir el uso de combustibles tradicionales (carbón,
petróleo o fuel oil) en la fabricación del cemento. Melgar es a su
vez presidente de Cementos Alfa, empresa que ha puesto en marcha en
su planta de Mataporquera un proyecto para sustituir una parte de
combustible habitual por la quema de residuos.
Los firmantes del acuerdo resaltaron el atraso
registrado por España en este tipo de medidas. La utilización de
residuos que desarrolla el país apenas supone el 3% del total,
frente a porcentajes de entre el 25% y el 35% en otros Estados
miembros de la Unión Europea, como Suiza, Francia, Austria y
Alemania.
Rechazo ministerial
El Ministerio de Medio
Ambiente mantiene que no apoyará la quema de residuos peligrosos en
las cementeras, aunque recordó que la decisión depende de
las autonomías. Para el departamento que dirige Cristina Narbona, es
«preferible» que la gestión de estas sustancias «se realice en
instalaciones específicamente diseñadas para ello». Así, el
Gobierno sólo respaldará la utilización de restos no
contaminantes, siempre que se tomen las precauciones necesarias y que
no se causen molestias a la población, tales como malos olores.
Las empresas cementeras tienen la posibilidad de
aprovechar los residuos como combustible debido a las altas
temperaturas que precisan en sus hornos para fundir la piedra que
utilizan como materia prima para la fabricación del cemento. Los
hornos alcanzan los 2.000 grados de temperatura porque el material no
funde hasta los 1.500 grados centígrados. En las instalaciones
dedicas específicamente a la quema de residuos peligrosos la
temperatura exigida para la incineración es de 1.200 grados.
El acuerdo de la patronal y los sindicatos
sostiene que la «revalorización» de residuos es una buena solución,
y recoge que la Unión Europea promueve el aprovechamiento de los
recursos renovables para conseguir el ahorro energético. Sus
firmantes recordaron que en comunidades como Andalucía y Castilla-La
Mancha ya se está aplicando desde 2002.
En la misma línea, subrayaron que el pacto
refleja la obligación de las empresas de desarrollar todas las
medidas de prevención y seguridad necesarias, que serán seguidas en
cada centro por un delegado elegido por los representantes de los
trabajadores.
Deslocalización
Los firmantes del pacto destacan igualmente que el
documento es una respuesta a la inminente entrada en vigor del
Protocolo de Kioto sobre reducción de gases de efecto invernadero.
Consideran que su decisión supone un adelanto a la posible
deslocalización de las cementeras que la iniciativa medioambiental
conlleva. A su juicio, el compromiso de emisiones adquirido por España,
basado en el escenario existente en los años 90, está desfasado,
puesto que el desarrollo económico ha incrementado la demanda, y las
factorías han tenido que aumentar su producción para satisfacerla.
Las cementeras dicen haber reducido su consumo
energético desde la primera crisis del petróleo de 1975. En la
actualidad, los márgenes de disminución de emisiones son, según
sostienen, «mínimos», y requieren fuertes inversiones. Por ello,
los sindicatos piden a la Administración que el sector «no sea
tratado de forma discriminatoria». En este sentido, señalan que la
única forma de seguir acortando las emisiones pasaría porque el
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión asigne unas
cuotas iguales a la «producción real».