JOSÉ ÁNGEL HERRERA/VICEPRESIDENTE DE ARCA Y MIEMBRO DE LA PLATAFORMA CÍVICA CONTRA LA INCINERACIÓN

La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) es una asociación que integra a las empresas españolas dedicadas a la fabricación de cemento y tiene como único objetivo defender los intereses del sector promoviendo y desarrollando el consumo de cemento. En definitiva es una asociación creada para mantener las condiciones de oligopolio en que se mueve la industria del cemento en España, una posición dominante sobre el mercado que le da poder de intervenir los precios y presionar eficazmente a las administraciones públicas.

No vamos aquí a cuestionar la legitimidad del ánimo de lucro que orienta a Oficemen, pero en cambio sí vamos a decirla con toda rotundidad que no tienen ninguna legitimidad, absolutamente ninguna, para actuar como portavoz de la defensa del medio ambiente y de la salud de las personas.

En EL DIARIO MONTAÑÉS del 6 de marzo, el Presidente de Oficemen, Rafael Fernández, publicó un Tribuna Libre en el que venía a decir que la máxima preocupación de su Asociación es el bienestar de los ciudadanos y que frente a sus filantrópicas intenciones solo se oponen unos ecologistas desalmados que quieren enterrarlos en una montaña de basura.

Naturalmente el lector sabe que no es así y que la histórica movilización contra el proyecto de Cementos Alfa que hemos encabezado los ecologistas de Cantabria (pero que también vienen respaldada por infinidad de organizaciones políticas, vecinales, culturales, ganaderas, sindicales, e incluso diversas instituciones locales) está poniendo muy nervioso a Oficemen porque pone en riesgo su estrategia global para convertir a todas las empresas cementeras en gestoras de residuos, un nuevo y suculento negocio que les reportaría ingentes beneficios; eso sí, sin crear ni un solo puesto de trabajo y arruinando la salud de personas y medio ambiente. La beligerancia de un coloso económico como Oficemen contra los ecologistas de Cantabria, su desmesurado esfuerzo por descalificarnos, solo puede ser debido a que lo estamos haciendo bien, a que nuestra forma de interpretar la realidad está calando en el conjunto de la sociedad cántabra.

En su artículo, el señor Fernández, hace auténticas cabriolas verbales para aparentar que sus proyectos de incineración de residuos cuentan con el beneplácito del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, cuando es justamente todo lo contrario. El MIMA ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a favorecer la valorización energética en plantas cementeras, considerando preferible la gestión de estos residuos en instalaciones específicamente diseñados para ello y con equipos técnicos especializados. Para el MIMA, como para el conjunto de las organizaciones ecologistas españolas, es inadmisible que la industria cementera diga que la quema de residuos en sus hornos contribuye a reducir las emisiones de CO2 cuando es una de las actividades que ha sido rechazada en la estrategia española de cambio climático por su impacto nocivo sobre el medio ambiente.

Favorecer el cumplimiento del Protocolo de Kyoto es el argumento 'estrella' sobre el que pivotan los supuestos beneficios ambientales del proyecto de sustitución del combustible actual de Cementos Alfa por una mezcla de residuos peligrosos, pero semejante argumento es fácilmente rebatible porque la totalidad de los compuestos que forman el llamado Fuell-blending tienen su origen en el petróleo, es decir, en el combustible fósil por excelencia.

Es más, la incineración de residuos tóxicos y peligrosos aumenta de forma neta la emisión de gases de efecto de invernadero, por la sencilla razón de que los residuos tóxicos y peligrosos que componen el Fuell-blending son todos ellos derivados del petróleo que para llegar a tener la condición de residuo han pasado por distintas etapas de uso en las que por supuesto se ha consumido energía, la mayor parte de la cual también se obtiene del petróleo, por lo que durante la transformación de un producto en residuo se emiten significativas cantidades de gases de efecto invernadero. Añadamos a este balance que la energía consumida en las plantas de Fuell-blending para transformar los residuos que reciben y el transporte de los residuos hasta la propia planta (situada en Madrid) y posteriormente hasta Mataporquera.

Por otro lado el Director General de Oficemen insiste hasta la saciedad que las cementeras son las instalaciones idóneas para la gestión de este tipo de residuos, algo que como ya se ha mencionado más arriba ha sido negado tajantemente por el propio Ministerio de Medio Ambiente. Muy al contrario las cementeras que incineran residuos tóxicos ocupan el segundo lugar en el ranking mundial de emisiones de dioxinas y furanos que se forman principalmente en el proceso de enfriado de los gases y en la heterogeneidad de los procesos de combustión en el interior del horno debido a la propia heterogeneidad del combustible.

Fijémonos también en el detalle de que el proyecto de Cementos Alfa propone una sustitución del 40% del combustible y no precisamente por capricho, sino que esta cifra del 40% es el máximo que le permite el Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos, sencillamente porque un horno de cemento no es el lugar adecuado para quemar residuos peligrosos y traspasado cierto nivel de utilización la emisión de contaminantes a la atmósfera se dispara.

Además, el grueso de los metales pesados pasa a formar parte del cemento que se comercializa, lo que supone la dispersión de la contaminación de forma totalmente incontrolada, a parte de graves riesgos para los trabajadores y operarios que lo manejan directamente.