Las fiscales de medio ambiente de Cantabria no tienen recursos suficientes para perseguir los delitos ecológicos

Legalidad y Medio Ambiente en Cantabria

CANTABRIA 8/02/2006

Ecologistas en Acción de Cantabria se ha entrevistado con las dos fiscales de medio ambiente de Cantabria para ofrecerles su colaboración y transmitir su inquietud por la generalizada vulneración de la legislación ambiental y la impunidad de los trasgresores, asuntos que cuestionan el estado de derecho y generan un profundo desánimo entre los grupos ecologistas y la policía medioambiental.

En la reunión, se ha trasmitido dos quejas fundamentales:

En primer lugar, que el sistema judicial no funciona de una manera eficiente en el ámbito de la defensa del medio ambiente.

En segundo lugar, que las administraciones públicas, especialmente algunos alcaldes, consejeros o representantes de la administración del Estado en Cantabria se han relajado al comprobar que las sentencias no se ejecutan y que las mismas no les afectan ni les cuestionan su continuidad en el poder.

Casos especialmente llamativos son las alcaldías como las de Piélagos, Val de San Vicente, o la Consejería de Industria. En todos estos casos los responsables de estas administraciones están haciendo caso omiso a varias resoluciones judiciales firmes del Tribunal Supremo.

En este sentido es sintomática la existencia de múltiples sentencias de derribo en Cantabria en las que de forma reiterada han intervenido casi siempre las mismas personas y, sin embargo, no exista una sola sentencia condenatoria por delitos contra la ordenación del territorio o por prevaricación en relación a la concesión de esas licencias declaradas posteriormente ilegales. También es significativo que no existan condenas por delito ecológico a pesar de que se han iniciado múltiples diligencias en los juzgados, muchas de las cuales instadas por la Guardia Civil a través densu unidad del SEPRONA.

Aunque fuera del ámbito competencial de la fiscalía de medio ambiente, otros aspectos relacionados con la judicatura, que están generando una fuerte sensación de impunidad, es la no ejecución de sentencias firmes. Pasan años sin ejecutarse como es el caso de las múltiples sentencias de derribo o clausura de actividades ilegales.

Posiblemente por todos esos motivos muchas administraciones, en especial las locales, han pasado de una actitud pasiva en cuanto a la vigilancia y control de la aplicación de la legislación ambiental a tomar parte activa en su vulneración o encubriendo y amparando a los infractores. Parece que los jugosos beneficios generados en muchos casos compensan los escasos o nulos riesgos de las posibles consecuencias.

Las Fiscales de Medio Ambiente por su parte comprenden en gran parte nuestra inquietud pero achacan, en lo que les compete, a la falta de medios humanos y recursos como uno de los obstáculos más importantes para el desempeño de sus responsabilidades.

Sobre acceso a la información ambiental hemos comunicado que la mayoría de ayuntamientos, consejerías y otras administraciones del Estado central vienen denegando o simplemente se limitan a no contestar solicitudes de documentación de nuestra asociación.

Ante estos hechos les hemos comunicado la preparación de una queja ante la Unión Europea, pero también el inicio de la vía contenciosa en Cantabria en aquellos aspectos más relevantes. Nos parece desproporcionado iniciar contenciosos con cada negativa de las administraciones (local, autonómica o estatal) a facilitar información ambiental. Ante esta queja se han comprometido a intervenir ante las administraciones para que cumplan su obligación de facilitar información en materia de medio ambiente.

Ante la falta de progreso en sendas diligencias penales que hemos iniciado, se nos comunicó que habían recurrido el reciente archivo de diligencias por posible delito ecológico abierto en el juzgado de Reinosa con motivo de vertidos ilegales de tierras posiblemente contaminadas, así como su próxima intervención en las diligencias penales que actualmente están abiertas en el juzgado Nº 4 de Torrelavega contra la empresa Viscocel por carecer de licencias municipales y por los graves niveles de contaminación por sulfuro de hidrógeno en el área de esta Ciudad y su Comarca.