Ecologistas y colectivos vecinales consideran
«perjudicial para la salud y para las industrias de la zona que
pretendan incinerar cientos de toneladas de residuos altamente tóxicos»
• CCSA, Adeval y Acocival han presentado tres
denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra
la autorización concedida a ‘Alfa’ por el Gobierno regional.
Las asociaciones ecologistas y vecinales CCSA,
Adeval y Acocival, de Aguilar de Campoo y Valdeolea (Cantabria),
han presentado tres denuncias ante la Sala de lo Contecioso
Administrativo del Tribuntal de Justicia Superior de Cantabria,
contra la autorización concedida por el Gobierno de la región
norteña a la cementera Alfa para incinerar «residuos tóxicos»
en sus instalaciones de Mataporquera, localidad cercana a la villa
galletera.
Según explican en un comunicado de prensa, que
se puede ver en la página web de CCSA, «esas denuncias, a las que
se sumarán otras contra autorizaciones otorgadas por el propio
Ayuntamiento de Valdeolea, así como las anunciadas por colectivos
como Ecologistas en Acción o Aca, inician la fase judicial en el
largo proceso de lucha que los colectivos ciudadanos mantienen
desde hace varios años en defensa de los habitantes de la comarca
de Campoo, en Palencia y en Cantabria». Continúan comentando en
el escrito que «creemos perjudicial para la salud de las personas
y para los intereses de otras empresas el hecho de que Cementos
Alfa, SA pretenda incinerar cientos de toneladas diarias de
residuos altamente tóxicos, cuyas emisiones, según los vientos
dominantes, van directamente a Aguilar de Campoo o a Reinosa».
Sobre los argumentos que la empresa cementera de
Mataporquera ha presentado advierten que «utiliza la excusa de la
sustitución de combustibles, fingiendo que ahorra coque de petróleo
y disminuye sus emisiones, cuando lo cierto es que la peligrosidad
de éstas aumenta significativamente, mientras la empresa inicia
una nueva actividad que poco tenía hasta ahora que ver con la
producción de cemento: Cementos Alfa, Portland y FCC se han
volcado de lleno en el lucrativo negocio de la gestión de residuos».
Finalmente, los colectivos de la comarca de
Campoo denuncian que «con la connivencia de las autoridades cántabras
y la pasividad de las castellano y leonesas, se están poniendo los
intereses de Portland y FCC por encima de las personas, los
habitantes y las empresas de toda nuestra comarca».
Además, nadie ha movido un dedo por defendernos
y, por el contrario, hacen la vista gorda ante los atropellos de la
Ley para sacar adelante su incineradora, por eso tenemos que acudir
a los tribunales».
