Presentado un recurso en el TSJC contra la resolución ambiental de Cementos Alfa

Las asociaciones Valdeolea y La Montaña Palentina, Acocival, Adeval y CCSA se oponen a la incineración de «cientos de toneladas diarias de productos tóxicos»

J. L. SARDINA/MATAPORQUERA. 11-03-2006

Las asociaciones de Valdeolea y la Montaña Palentina, Acocival, Adeval y CCSA han presentado recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC un recurso contencioso-administrativo contra la resolución adoptada por el consejero de Medio Ambiente, de la concesión de la Autorización Ambiental Integrada a la empresa Cementos Alfa.

La Consejería que preside José Ortega otorgó esta autorización, según el presidente de la asociación del colectivo ciudadano de Valdeolea, Luis Silió Fernández, para la incineración en su horno de cemento «de cientos de toneladas diarias de productos tóxicos y peligrosos, los cuales emitirán a la atmósfera gran cantidad de contaminantes, como metales pesados, dioxinas y furanos.

Las asociaciones antes mencionadas también han presentado otro recurso contra el Ayuntamiento de Valdeolea, por conceder la licencia de Actividades Clasificadas, «cuando existe una Ley que expone, con toda claridad, que todas aquellas instalaciones que se consideren insalubres y peligrosas sólo podrán instalarse a partir de 2.000 metros del núcleo de población más cercano, con las máximas medidas anticontaminantes».

Para estos colectivos, la empresa cementera de Mataporquera incumple esta Ley dado que la instalación denunciada se encuentra sólo a 200 metros del núcleo urbano, así como del colegio público: «Cementos Alfa -señalan en una nota de prensa- utiliza la excusa de la sustitución de combustible de disminuir el consumo de coque de petróleo y una reducción de sus emisiones contaminantes, tratando de encubrir el indudable y significativo aumento de la peligrosidad de las mismas, así como el inicio de una nueva y muy lucrativa actividad ajena a la producción de cemento. Cementos Alfa, trata de volcar su actividad en el lucrativo negocio de la gestión de residuos, algo que podría ser licito si se llevara a efecto con estricto cumplimiento de la Ley y respecto de los derechos e intereses de todos los afectados, lo que no ocurre en este caso».