La empresa afirma que todas sus mediciones son correctas y
reitera su apuesta por el desarrollo sostenible
REDACCIÓN/SANTANDER
Martes, 25 de julio de 2006
Tres colectivos vecinales de Valdeolea y Aguilar
de Campoo y las asociaciones Ecologistas en Acción y ARCA han
decidido llevar a la vía judicial la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) concedida hace ya casi un año a Cementos Alfa para
su fábrica de Mataporquera. Por su parte, desde la empresa
subrayaron ayeer que todas sus mediciones sobre las condiciones
ambientales de la fábrica de Mataporquera son «correctas» y «demuestran
el esfuerzo que se viene haciendo y se seguirá haciendo para la
minimización del impacto ambiental de las actividades de la
empresa».
Colectivos vecinales y ecologistas anunciaron
ayer que la primera de las demandas ya ha sido presentada en el
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y pide, como
medida cautelar, que se paralicen las obras de construcción de las
nuevas instalaciones.
En total, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJC deberá resolver seis recursos
al respecto, el presentado ya y otros que le seguirán en adelante.
Tres de ellos se dirigen contra la AAI otorgada por la Consejería
de Medio Ambiente a la cementera y los otros tres contra la
licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Valdeolea.
Todos los colectivos se muestran convencidos de
que dentro de un año los tribunales anularán el proyecto y
ordenarán el derribo de las instalaciones construidas para el
almacenaje de los nuevos combustibles que se utilizarán en el
horno de la cementera.
Sustituir el combustible
Cementos Alfa rechazó las afirmaciones
realizadas por los portavoces ecologistas e invitó a «quienes
aseguran tal cosa» a que «lo demuestren públicamente o dejen de
realizar afirmaciones tan irresponsables».
En un comunicado, la empresa recalcó que su
proyecto para la fábrica de Mataporquera consiste en sustituir una
parte del actual combustible, el coque de petróleo, por
combustibles alternativos procedentes del reciclado de aceites
usados y otros materiales, como se hace en la mayor parte de Europa
Occidental y en otras comunidades autónomas de España.
La empresa sostiene además que en el proceso de
obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) quedó
sobradamente demostrado que el impacto ambiental del nuevo
combustible «es menor» que el impacto del combustible actual y «las
emisiones de gases de efecto invernadero se reducen de forma
ostensible».