Lunes, 24 de julio de 2006
Aseguran tener pruebas de que la cementera "manipuló"
los datos de emisiones
Las asociaciones Ecologistas en Acción y ARCA,
además de tres colectivos vecinales de Valdeolea y Aguilar de
Campoo, han decidido llevar a la vía judicial la Autorización
Ambiental Integrada (AAI) concedida hace ya casi un año a Cementos
Alfa para su fábrica de Mataporquera. La primera de las demandas
ya se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) y pide, como medida cautelar, que se paralicen las
obras de construcción de las nuevas instalaciones.
En total, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJC deberá resolver seis recursos
al respecto, el presentado ya y otros que le seguirán en adelante.
Tres de ellos se dirigen contra la AAI otorgada por la Consejería
de Medio Ambiente a la cementera y los otros tres contra la
licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento de Valdeolea.
Los impulsores de dichos recursos son ARCA,
Ecologistas en Acción y el grupo formado por la Asociación
Colectivo Ciudadano de Valdeolea (ACOCIVAL), la Asociación para la
Defensa de Valdeolea (ADEVAL) y la Coordinadora Central Salinas (CCSA).
Vecinos y ecologistas esperan que las medidas
cautelares lleguen en el mes de septiembre, porque entonces se
cumple un año desde la obtención de la Autorización Ambiental
Integrada y con ello culmina el margen que el Gobierno de Cantabria
indicó que debía esperarse antes de iniciar las nuevas
actividades.
A juicio de Luis Silió, de ACOCIVAL, esas
medidas cautelares son necesarias porque, de lo contrario, si
finalmente el recurso es a su favor pero las instalaciones ya están
construidas será más difícil conseguir su derribo.
En cualquier caso, todos estos colectivos se
muestran convencidos de que dentro de un año los tribunales anularán
el proyecto y ordenarán el derribo de las instalaciones
construidas para el almacenaje de los nuevos combustibles que se
utilizarán en el horno de la cementera, según recalcó hoy el
vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera.
De hecho, aseguró que si este mismo proyecto se
hubiera tramitado ante el Ministerio de Medio Ambiente no habría
salido adelante y como ejemplo aludió a la declaración de impacto
ambiental desfavorable a la térmica de Sniace, en la que se ha
primado la salud "por encima del negocio de unos señores".
Sin embargo, en el caso de Cementos Alfa, Herrera lamentó que el
Gobierno cántabro "ha sido utilizado para beneficio" de
una empresa y en "perjuicio" de los vecinos.
"COMPLICIDAD" CON CEMENTOS ALFA
En esta misma línea, Bernardo García, de
Ecologistas en Acción, denunció que la Consejería de Medio
Ambiente ha actuado "con poco rigor y con abierta complicidad
con Cementos Alfa", en un "abandono de responsabilidad
importantísimo".
A esto se añade además una "clara
negligencia" de la Dirección General de Servicios y Protección
Civil, de la Consejería de Presidencia, por cuanto el proyecto de
Alfa, según dijo, incumple normativa de Protección Civil, tanto
por la cantidad de residuos que se almacenarán como por su
peligrosidad. García explicó que debería exigirse la delimitación
de una zona de alerta de intervención libre de ocupación
residencial, que sería "inviable" en Cementos Alfa, una
cuestión que, por tanto, "no es subsanable".
"PLAGADO DE IRREGULARIDADES"
En palabras de Bernardo García, el proyecto de
Cementos Alfa de sustitución parcial del combustible para sus
hornos está "plagado de irregularidades" e incumple además
las especificaciones del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas que establece una separación de
2.000 metros entre cualquier instalación de estas características
y las viviendas.
Además, aseguró tener pruebas documentales de
que la empresa "manipuló" datos de emisiones y criticó
que el Ejecutivo autonómico no ha hecho "ninguna verificación"
al respecto.
También Luis Silió coincidió en denunciar las
"irregularidades" y "falsedades" del proyecto y
destacó que acuden a los tribunales como única vía después de
que el Gobierno regional no haya contestado al recurso de alzada
que presentaron tras la concesión de la Autorización Ambiental
Integrada a la planta de Cementos Alfa en Mataporquera.
Por su parte, José Ángel Herrera lamentó que
las instituciones de Cantabria (Gobierno regional, Parlamento,
oposición y Ayuntamiento de Valdeolea) no hayan estado "a la
altura" de los vecinos de Mataporquera que han protagonizado
en todo este asunto una movilización "histórica".
DERECHOS DE EMISIÓN
Por otro lado, preguntados por la posible compra
de nuevos derechos de emisión por parte de la cementera, Bernardo
García descartó tal posibilidad porque, en su opinión, no va a
tener necesidad de ello.
En este sentido, explicó que Cementos Alfa está
negociando la sustitución parcial de su combustible por biomasa,
lo cual reduciría las emisiones de efecto invernadero, una
estrategia que, según dijo, sí apoyan los ecologistas.