La cementera española Portland-Valderrivas,
del grupo FCC, que tiene fábricas en España y en Estados Unidos,
afirma estar comprometida con el respeto ambiental, el cumplimiento de
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC),
la protección del entorno, las personas, la sociedad y el medio
ambiente. En particular, afirma que su actividad “conserva
recursos” y “asegura la calidad del agua y del aire” (www.valderrivas.es).
Sin embargo, en su fábrica de
Harleyville, Carolina del Sur, quema más de 120.000 toneladas de
residuos peligrosos al año (desechos hospitalarios y productos químicos
inflamables o explosivos), sumamente dañinos para el medio ambiente y
la salud de los trabajadores y de la población cercana. Cabe destacar
que aunque la legislación ambiental americana es mínima, en los últimos
tres años la empresa Portland-Valderrivas ha infringido once veces la
Ley del Aire Limpio (Clean Air Act) y ha sido multada con 80.000 dólares
(67.000 euros). Al mismo tiempo, en estos tres años la empresa declara
haber crecido un 240%.
La incineración de residuos peligrosos
es un negocio redondo para las cementeras, que ahorran en combustible
tradicional y cobran como “gestores de residuos”, entrando así en
competencia desleal con aquellos que ofrecen alternativas de gestión más
sostenibles, basadas en la recuperación material. Esta práctica
supone un aumento de las emisiones contaminantes, (metales pesados,
partículas y dioxinas) sin contar que los elementos tóxicos se
concentran en las cenizas y también pueden pasar al cemento obtenido.
Ecologistas en Acción considera
vergonzoso que la empresa española Portland-Valderrivas obtenga
enormes beneficios económicos aprovechando la permisividad de las
leyes ambientales de EE UU, donde prefiere pagar las multas a invertir
en la mejora de la seguridad de sus instalaciones y el respeto por los
trabajadores, la población y el medio ambiente.
