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penalistas exigen demoliciones y penas más duras contra la corrupción.
-->>[El País] [16/12/07 | 19:40 h.]
Catedráticos,
jueces y fiscales piden la disolución de ayuntamientos infractores
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 05/12/2007
El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces son ineficaces
para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. Con
esa tesis, el Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200
fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia
progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las
Administraciones actúen con mano dura. Ese foro propone medidas
ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el
endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con el fenómeno.
Al Gobierno le pide que "no vacile" a la hora de disolver
ayuntamientos manifiestamente implicados.
El documento recorre las distintas instituciones competentes para atajar
el fenómeno proponiendo a cada una serie de medidas. Además de la
disolución de ayuntamientos corruptos, al Estado le sugiere que refuerce
la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los
ayuntamientos (secretarios, interventores y tesoreros) cuyas facultades se
han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores
de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con
"connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos
casos.
Las autonomías, según el manifiesto, deben acotar las competencias urbanísticas
de los ayuntamientos con la aprobación de planes que engloben a varios
municipios, estableciendo "límites más estrictos sobre
reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los
planes municipales se basen en "necesidades reales, y no
especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben
controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que,
en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.
El informe señala como principales responsables del fenómeno a los
ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a
los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía
local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias",
en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo
electoral.
Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a
los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación
original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición,
que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El
manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el
informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente
ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos
contra la ordenación del territorio.
Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden
que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a
informar de operaciones sospechosas.
Propuestas para sanear el urbanismo
- Demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito
para "restaurar la situación inicial dañada".
- Disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos.
- Controles para evitar la "connivencia, complacencia o
negligencia" de notarios y registradores de la propiedad.
- Preferencia en los juzgados para los procesos urbanísticos más
trascendentes.
- Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a planes
manifiestamente ilegales.
- Elevación de las penas para los delitos urbanísticos.
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