Imputado un empleado de la constructora Fadesa por amenazar a ecologistas

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 11/04/2008

Les llamaban terroristas y jaleaban a la gente para ir "a por ellos", a la casa de Gonzalo Canales, presidente de Arca, la organización ecologista responsable de la sentencia que paralizó la urbanización donde habían comprado sus casas, en el Alto del Cuco (Piélagos, Cantabria). Fue el miedo lo que decidió a Canales a presentar una denuncia. "El día que rompieron a disparos un farol de mi casa, pensé que habían llegado demasiado lejos", asegura.

La Guardia Civil le puso protección y visitó su domicilio durante un tiempo para comprobar que estaba bien. Casi un año después, los agentes del equipo de delitos de Internet de la Guardia Civil han identificado, imputado y tomado declaración a los autores de las amenazas en un foro de internet creado por los compradores de la urbanización paralizada hace casi un año por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por considerarla "una dentellada al monte".

Los imputados son: Miguel Durán Bermúdez, empleado de Martinsa-Fadesa, la constructora; José Ignacio Arminio Roiz y Óscar Roberto Vallejo, ambos compradores de viviendas en la urbanización. Preguntado qué pretendía decir cuando escribió "¡Todos a una, a por Arca!", el primero negó haberlo escrito y aseguró que a él "no se le ocurriría amenazar a nadie". Arminio se negó a declarar. Vallejo confesó haber llamado "terroristas" a los miembros de Arca, haber pedido "que no se fueran de rositas" y que sufrieran "en sus propias carnes el daño que nos han hecho". Consultado por este periódico, Arminio Roiz, negó haber sido llamado a declarar y aseguró que los mensajes del foro "sólo reflejan la rabia y la impotencia de los compradores. Es el colmo que la Guardia Civil investigue a los afectados", añadió. Durán también negó haber participado en las amenazas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander concluyó que los hechos pueden ser constitutivos de falta. Arca ha apelado la decisión por considerar entre otras cosas, que, al tratarse uno de los imputados de un empleado de la constructora, debe ser juzgado como delito.