El menudeo de la corrupción política

-->>[Diagonal] [30/04/08 | 14:11 h.]

URBANISMO, ANÁLISIS: ¿QUIÉN DEFIENDE EL INTERÉS PÚBLICO EN CANTABRIA?
Fernando Urruticoechea Basozábal, economista-urbanista e interventor tesorero de Administración Local con habilitación estatal

La corrupción no ha estado presente en la campaña electoral, cuando representa, en mi opinión, uno de los principales peligros, si no el mayor, para nuestra democracia. Suelen quejarse los expertos de que pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por ella. Tras las elecciones municipales del 27-M del año pasado, se llegó a decir que la corrupción había ganado, ya que de 133 alcaldes acusados de corrupción antes de las elecciones, un 70% fueron reelegidos.

También dicen que la solución pasa por los partidos políticos y los medios de comunicación, sin tener en cuenta que los primeros carecen de estímulo alguno para acabar con la corrupción, ya que es uno de sus principales medios de financiación. En cuanto a los medios de comunicación, en su mayoría han devenido en correas de transmisión de los primeros y saben de lo peligroso que es sacar un caso de corrupción, ya que la competencia acostumbra a contestar con otro del partido contrario.

Los corruptos legitiman sus actuaciones en base a la red de clientelismo que organizan, y son numerosos los ejemplos de que se persiga al que denuncia por poner en peligro tal modus operandi, de lo que puedo dar testimonio personal. Sin la presión ciudadana no se controlará la corrupción existente, y para ello es preciso que se expliquen en primer lugar no las supuestas ventajas, sino los costes de la corrupción para el bien común, para los ciudadanos, con casos concretos, no en genérico.

Y en segundo lugar los ciudadanos tenemos que ver el coste que tiene la corrupción para sus responsables y beneficiarios, con el decomiso de los patrimonios ilícitamente adquiridos y con la pena de prisión para sus principales responsables.

Son recetas ya conocidas, pero falta ‘poner el cascabel al gato’ y tal papel corresponde de forma coordinada a los funcionarios públicos implicados en el control de lo público: jueces y fiscales primordialmente; también a los notarios y registradores y a los funcionarios responsables de las tareas de fiscalización de la gestión pública, interventores en las tres escalas de la Administración Pública, secretarios municipales y, por supuesto, a las fuerzas de orden público, como las recién estrenadas unidades de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.

Porque existen excepciones a la tópica utilización de la apatía popular, al contar con ejemplos de voto higiénico en las últimas municipales, precisamente en aquellos lugares donde el escándalo de la corrupción generó indignación social, como en el caso de Castro Urdiales.

La corrupción endémica

Espectáculos como el de la Operación Malaya o el de la Operación Guateque no han facilitado precisamente la indignación moral de los ciudadanos, al verlos como un entretenimiento más que como un tumor social. El problema de la corrupción en España no es de los personajes de la prensa rosa, ni sus responsables más comunes atesoran cuadros de Miró en sus infinitos cuartos de baño o de spa. El principal problema de la corrupción en España es el del menudeo de la corrupción, el que sucede en el urbanismo de la mayoría de los 8.000 ayuntamientos españoles, de todos los tamaños y colores y en muchas de las contrataciones públicas, que van desde la adjudicación de un servicio de aguas a una constructora, a la contratación de una asistencia técnica de un arquitecto.

Precisamente el juez Miguel Ángel Torres, responsable de las mayores operaciones contra la mafia inmobiliaria, Operación Ballena Blanca y Operación Malaya, es el que ha alertado contra la corrupción ‘de baja intensidad’ en el sector inmobiliario, ya que lo de los maletines o bolsas llenas de dinero son las excepciones. Los métodos son más sutiles: se inicia con felicitaciones navideñas acompañadas de regalos, invitaciones a restaurantes, palcos de fútbol, a los toros, asistencias a congresos en hoteles de lujo. El paso siguiente es la participación en algún negocio o el convencimiento de que construyendo muchas casas se pueden ganar las elecciones o conseguir un ascenso en la carrera de funcionario.

Sin embargo, aunque existan tentaciones, también hay quienes las resisten, y así algunos de los casos anticorrupción más espectaculares se han debido al buen quehacer profesional de jueces y fiscales, como los casos recientes del juez Miguel Ángel Torres, en Marbella o del juez Santiago Torres, en Madrid. Tuvieron que pasar muchos años para que esos casos se abordaran judicialmente y sus responsables pasaran por la cárcel. Antes hubo muchas víctimas, pero por parte de los denunciantes, funcionarios vocacionales. En Cantabria no contamos, por el momento, con tal tipo de jueces ni fiscales que denuncien casos concretos de la corrupción existente. Basta observar el destrozo urbanístico de parte del litoral, con urbanizaciones que han merecido 21 sentencias de derribo, además de miles de viviendas declaradas ilegales a lo largo del ‘infinito’ territorio cántabro; y sólo a raíz de las denuncias privadas de vecinos o promotores perjudicados, o de una asociación sin ánimo de lucro como es ARCA.

Pero no hay responsables de tanto delito urbanístico, todo parece sólo fruto de la calamidad y no de la actuación de personas concretas que se han lucrado con tales actuaciones, prevaleciéndose de sus cargos públicos y aprobándolas a sabiendas de su ilegalidad. Viendo el caso de El Cuco, en Piélagos, y leyendo la sentencia, ¿cómo es posible que sus promotores, el técnico municipal que dio su conformidad y el alcalde que autorizó no sean investigados por permitir dar tales ‘dentelladas al monte’ y por sus relaciones con los promotores?

Silencio en la Fiscalía

Presunta prevaricación de dos concejales por adjudicación irregular del túnel de Mioño, vertidos en un parque de Sámano, presuntos delitos medio ambientales denunciados por el ex secretario municipal José Manuel Ballesteros (todo ello en Castro Urdiales), denuncia de la autorización para la construcción de 395 viviendas de Martinsa-Fadesa en Piélagos, amenazas a empresas para impedir ejecuciones de derribo de urbanizaciones... Son ejemplos aparecidos en la prensa −sólo en el año 2006 y referentes únicamente a Castro Urdiales y Piélagos− de casos denunciados a la Fiscal Jefe de Cantabria y que han tenido que ser objeto de su investigación.

Parecen problemas de graves consecuencias personales, económicas y territoriales lo bastante relevantes como para que la Fiscalía informase públicamente del resultado de sus pesquisas. Sin embargo, su responsable, Pilar Martín Nájera, en la memoria anual de actividades de la Fiscalía de Cantabria en el año 2006, sólo menciona en el apartado sobre delitos ambientales el de los incendios forestales. Ni mención de posibles delitos territoriales, ni de las urbanizaciones ilegales, ni de los vertidos, ni de las canteras, ni de las instalaciones industriales contaminantes y gravemente lesivas para la salud. Esta persona, que ha sido hasta hace unas semanas fiscal superior de Cantabria, actualmente ejerce como fiscal del Tribunal Supremo.

Tampoco se informó de que la Fiscalía investigase el plan parcial del SUP4 en Castro Urdiales, la denuncia estrella de corrupción en la campaña de las pasadas elecciones municipales. Un pelotazo urbanístico de más de seis millones de euros, probado en la jurisdicción social, apropiados por un simple testaferro como Salvador Albiñana, con posibles implicaciones de su familiar y vicepresidente Vicente Mediavilla. Resulta también evidente el peligro que tiene analizar los casos de Castro Urdiales o los de las urbanizaciones con sentencias de derribo, al contar con licencias amparadas por planes aprobados por la Consejería de Urbanismo cuando su titular era el actual presidente Miguel Ángel Revilla.

Existen otros ejemplos bien llamativos por parte de representantes significados de las instituciones públicas, como la sorprendente participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño, en la mesa redonda de clausura del 23 de marzo de 2007 de las jornadas sobre temática urbanística organizadas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales con un claro tinte preelectoralista, pero con el agravante de estar financiadas por casi todos los principales promotores inmobiliarios con actividad en el municipio. Algunos con sentencias de ilegalidades y otro con una denuncia en la jurisdicción penal, además de tener pendiente de resolver en su sala el recurso de apelación presentado por el autor de estas líneas contra el alcalde del municipio, Fernando Muguruza. Estas actitudes no tienen nada de original. Como precedente histórico tenemos el de Poncio Pilatos, que lavándose las manos ante Jesucristo preservó su carrera, sin poner en peligro su ascenso.